La RLAJT expresa su preocupación ante la aprobación de la “Ley de Reconciliación”

El gobierno de El Salvador se encuentra promoviendo la aprobación del proyecto de ley Justicia Transicional y Restaurativa para la Reconciliación Nacional, el cual ha sido cuestionado por la amnistía encubierta que esta contemplaría a los perpetradores de los hechos acontecidos durante el conflicto armado interno (1979 – 1992) en dicho país. Ante ello, la RLAJT expresa su preocupación sustentada en las siguientes razones :

  • La propuesta oficialista no ha seguido canales regulares para legislar

Se estableció un procedimiento ad hoc realizado por acuerdo de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa y que ha sido fundamentado por la Presidencia de la Asamblea por la Corte Suprema, al decretar en el año 2016 la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía de 1993, y en audiencias de seguimiento, que le dio un plazo para que trabajara en una Ley de Reconciliación. Dicho plazo está pronto a vencer en julio de 2019 y, además, el mandato del actual Presidente de la República vence el día 31 de mayo de 2019.

  • La propuesta se ha trabajado a puerta cerrada

La propuesta solamente ha circulado el ámbito público y entre los grupos de víctimas y organizaciones de DDHH a través de filtraciones informales. Dicho secretismo se contrapone con la participación de víctimas que la CSJ mandató y que el documento dice haber recogido, así como con principios básicos de transparencia democrática en una materia tan sensible para la nación. Debido a este procedimiento sin consulta real y con metodología establecida dentro de tiempos equilibrados a la temática, se violenta el Artículo 26 del Reglamento de la Asamblea Legislativa. Si bien es cierto se habla de la participación efectiva de las víctimas es contradictorio respecto al procedimiento express que se ha realizado sin consulta, y solo a través de reuniones que pudiesen considerarse previas a un real y efectivo procedimiento de consulta.

  • Ausencia del enfoque diferencial

Se evidencia una ausencia del enfoque diferencial desde los principios que propone el dictamen, y un análisis ausente de enfoque de género que es evidente aún desde la conformación de juristas consultados. Además, hay ausencia de un enfoque psicosocial desde el procedimiento de elección de la Comisión ad hoc, la elaboración del texto del articulado, el equilibrio de consulta a comunidades sobre sus necesidades comunitarias en el tema de reparaciones, que debe ir más allá de los derechos económicos sociales y culturales, que ya son obligación estatal, y no una concesión especial a víctimas.

Al mismo tiempo, la Mesa contra la Impunidad, grupo gestor para la Ley de Reparación Integral de Víctimas del Conflicto Armado y Comisión Pro Memoria Histórica han presentado la propuesta de Ley especial de reparación integral y acceso a la justicia para víctimas de graves violaciones de derechos humanos en el contexto de conflicto armado, debidamente ingresada a la oficina de comunicaciones oficiales de la Asamblea el día 22 de mayo de 2019.

Para ampliar la información sobre lo reportado desde El Salvador, se recomienda revisar los siguientes documentos:

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